el estado de excepciÓn como paradigma de gobierno

giorgio agamaben*




1.1

E

l lindero esencial entre estado de excepción y soberanía ha sido establecida por Carl Schmitt en su Teología política (1922). Si bien su célebre definición del soberano en tanto "aquel que decide sobre el estado de excepción" ha sido ampliamente comentada y discutida, falta todavía hasta hoy en el derecho público una teoría del estado de excepción, y los juristas y expertos en derecho público parecen considerar el problema más como una questiofacti que como un genuino problema jurídico.
...el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal.
No sólo la legitimidad de una teoría semejante es negada por aquellos autores que, remitiéndose a la antigua máxima según la cual necessitas legem non habet, "la necesidad no tiene ley" afirman que el estado de necesidad, sobre el cual se funda la excepción, no puede tener forma jurídica, sino que la definición misma del término se hace difícil, ya que se sitúa en el límite entre la política y el derecho. Según una opinión difundida, de hecho el estado de excepción constituye un "punto de desequilibrio entre derecho público y hecho político" (Saint-Bonnet, 2001, p. 28) [8], que -como la guerra civil, la insurrección y la resistencia- se sitúa en una "franja ambigua e incierta, en la intersección entre lo jurídico y lo político" (Fontana, 1999, p. 16). [6] Tanto más urgente resulta así la cuestión de los confines: si las medidas excepcionales son el fruto de los períodos de crisis política y, en tanto tales, están comprendidas en el terreno político y no en el terreno jurídico constitucional (De Martino, 1973, p. 320), [4] ellas se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, y el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede Guerra Civil de Castilla 1367 width=tener forma legal. Por otra parte, si la excepción es el dispositivo original a través del cual el derecho se refiere a la vida y la incluye dentro de sí por medio de la propia suspensión, entonces una teoría del estado de excepción es condición preliminar para definir la relación que liga y al mismo tiempo abandona lo viviente en manos del derecho. Es esta tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida, aquello que la presente investigación se propone indagar. Sólo si el velo que cubre esta zona incierta es removido podremos comenzar a comprender lo que se pone en juego en la diferencia -o en la supuesta diferencia- entre lo político y lo jurídico y entre el derecho y lo viviente. Y quizá solamente entonces será posible responder a la pregunta que no cesa de resonar en la historia política de Occidente: ¿qué significa actuar políticamente?

1.2

E

ntre los elementos que hacen difícil una definición del estado de excepción está ciertamente la estrecha relación que éste mantiene con la guerra civil, la insurrección y la resistencia.
...la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente devino en una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, aún de aquellos así llamados democráticos
En la medida en que la guerra civil es lo opuesto del estado normal, ella se sitúa en una zona de in-decidibilidad respecto del estado de excepción, que es la respuesta inmediata del poder estatal a los conflictos internos más extremos. En el curso del siglo XX, se ha podido asistir así a un fenómeno paradójico, que ha sido eficazmente definido como una "guerra civil legal" (Schnur, 1983). [9] Tómese el caso del Estado nazi. No bien Hitler toma el poder (o, como se debería decir acaso más exactamente, no bien el poder le es entregado), proclama el 28 de febrero de 1933 el Decreto pura la protección del pueblo y del Estado, que suspende los artículos de la Constitución de Weimar concernientes a las libertades personales. El decreto no fue nunca revocado, de modo que todo el Tercer Reich puede ser considerado, desde el punto de vista jurídico, como un estado de excepción que duró doce años. El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Postal de la Asamblea Constituyente de Weimar width=Desde entonces, la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico) devino en una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, aun de aquellos así llamados democráticos. Frente a la imparable progresión de eso que ha sido definido como una "guerra civil mundial", el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. Esta dislocación de una medida provisoria y excepcional que se vuelve técnica de gobierno amenaza con transformar radicalmente -y de hecho ya ha transformado de modo sensible-la estructura y el sentido de la distinción tradicional de las formas de constitución. El estado de excepción se presenta más bien desde esta perspectiva como un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo. La expresión "guerra civil mundial" aparece en el mismo año (1961) en los libros sobre la revolución, de Hannah Arendt, y Téorfa del partisano, de Carl Schmitt. La distinción entre un "estado de sitio real" (état de siegeeffectif) y un "estado de sitio ficticio" (état de siegefictif) proviene en cambio, como veremos, del derecho público francés y está ya claramente articulada en el libro de Theodor Reinach: De l'état de siege. Étude historique etjuridique (1885), que está en el origen de la oposición schmittiana y benjaminiana entre estado de excepción real y estado de excepción ficticio. La jurisprudencia anglosajona prefiere hablar, en este sentido, de la fancied emergency. Los juristas nazis, por su parte, hablaban sin reservas de un Gewollte Ausnahmezustand, un estado de excepción deseado, "con el fin de instaurar el Estado nacionalsocialista" (Werner Spohr, en Dobrische y Wieland, 1993, p. 28).[14]

1.3

U

n significado inmediatamente biopolítico del estado de excepción como estructura original en la cual el derecho incluye en sí al viviente a través de su propia suspensión emerge con claridad en el military order manado del presidente de los Estados Unidos el 13 de noviembre de 2001, que autoriza la "indefinite detention" y el proceso por parte de "military commissions" (que no hay que confundir con los tribunales militares previstos por el derecho de guerra) de los no-ciudadanos sospechosos de estar implicados en actividades terroristas. Ya el USA Patriot Act, emanado del Senado el 26 de octubre de 2001, permitía al Attorney. General "poner bajo custodia" al extranjero (alíen) que fuera sospechoso de actividades que pusieran en peligro "la seguridad nacional de los Estados Unidos"; pero dentro de los siete días el extranjero debía ser o bien expulsado, o acusado de violación de la ley de inmigración o de algún otro delito. La novedad de la "orden" del Departamento de Justicia EUApresidente Bush es que cancela radicalmente todo estatuto jurídico de un individuo, produciendo así un ser jurídicamente innombrable e inclasificable. Los talibanes capturados en Afganistán no sólo no gozan del estatuto de POW según la convención de Ginebra, sino que ni siquiera del imputado por algún delito según las leyes norteamericanas. Ni prisioneros ni acusados, sino solamente detaínees. Ellos son objeto de una pura señoría de hecho, de una detención indefinida no sólo en el sentido temporal, sino también en cuanto a su propia naturaleza, dado que ésta está del todo sustraída a la ley y al control jurídico. El único parangón posible es con la situación jurídica de “los judíos en los “campos nazis”, quienes habían perdido, la ciudadanía, toda identidad jurídica, pero mantenían al menos la de ser judíos. Como ha señalado eficazmente Judith Butler, en el detaínee de Guantánamo la ruda vida encuentra su máxima indeterminación.

1.4

L


Lo incierto del concepto corresponde puntualmente la incertidumbre terminológica. El presente estudio se servirá del sintagma "estado de excepción" como término técnico para la totalidad coherente de fenómenos jurídicos que se propone definir. Este término, común en la doctrina alemana (Ausnahmezustand, pero también Notstand, estado de necesidad), es extraño a las doctrinas italiana y francesa, que prefieren hablar de decretos de urgencia y estado de sitio (político o ficticio, état de siegefictif). En la doctrina anglosajona prevalecen en cambio los términos martia llaw y emergency powers. Si, como ha sido sugerido, la terminología es el momento propiamente poético del pensamiento, entonces las elecciones terminológicas no pueden nunca ser neutrales.

El estado de excepción no es un derecho especial, sino que, una suspensión del propio orden jurídico que define el umbral o el concepto límite. En este sentido, la elección del término "estado de excepción" implica una toma de posición en cuanto a la naturaleza del fenómeno que nos proponemos investigar y a la lógica más adecuada para su comprensión. Si las nociones de "estado de sitio" de "ley marcial" expresan una conexión con el estado de guerra que ha sido históricamente decisiva y que está todavía presente se revelan sin embargo inadecuadas para definir la estructura propia del fenómeno, y necesitan para esto las calificaciones de "político" o "ficticio", también son imprecisas de algún modo. El estado de excepción no es un derecho especial (como el derecho de guerra), sino que, en cuanto suspensión del propio orden jurídico, define el umbral o el concepto límite. La historia del término "estado de sitio ficticio o político" es, en este sentido, instructiva. Se remonta a la doctrina francesa, en referencia al decreto napoleónico del 24 de diciembre de 1811, que preveía la posibilidad de un estado de sitio que el emperador podía declarar, independientemente del estado de excepción la situación efectiva de una ciudad atacada o amenazada en forma directa por las fuerzas enemigas, lo que les circonstances obligent de donner plus de forces et d'action a la police militaire, sans qu'il soit nécessairede mettre laplace en état de siege (Reinach, 1885, p. 109).[11] El origen de la institución del estado de sitio está en el decreto del 8 de julio de 1791 de la Asamblea Constituyente francesa, que distinguía entre état de paix, en el cual la autoridad militar y la autoridad civil actuaban cada una en su propia esfera, état de guerre, en el cual la autoridad civil debía actuar en acuerdo concertado con la autoridad militar, y état de siege, en el cual "todas las funciones de las cuales la autoridad civil está investida para el mantenimiento del orden y de la policía interna pasar al comandante militar, que la ejercita bajo su exclusiva responsabilidad" (ibíd.). El decreto se refería solamente a las plazas-fuertes y a los puertos militares; pero con la ley del 19 de fructidor del año V, el Directorio asimiló las comunas del interior a las plazas-fuertes, y con la ley del 18 del mismo año, se atribuyó el derecho de poner una ciudad en estado de sitio. La historia posterior del estado de sitio es la historia de su sucesivo emanciparse de la situación bélica a la cual estaba originariamente ligado, para ser usado como medida extraordinaria de policía frente a desórdenes y sediciones internas, deviniendo así de efectivo o militar en ficticio o político. En todo caso, es importante no olvidar que el estado de excepción moderno es una creación de la tradición democrático-revolucionaria, y no de la tradición absolutista.
Arco del Triunfo. Paris 1810La idea de una suspensión de la constitución es introducida por primera vez en la constitución del 19 de fructidor del año V en su artículo 92 expresa: "Dans le cas de révolte” a main année ou de troublés qui menaceraient la sécuritéde I'Etat, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détennine, l'empire de la constitution. Cette suspensionpeut etre provisoirement déclarée dans les memes cas par un arreté du gouvernement, le corps legislatif étant en vacances,pourvu que ce corps soit convoqué au plus court tenne par un article su meme arrhé". La ciudad o la región en cuestión era declarada estado especial. Si bien por un lado (en el estado de sitio) el paradigma es la extensión en el ámbito civil de los poderes que competen a la autoridad militar en tiempo de guerra y, por el otro, una suspensión de la constitución (o de aquellas normas constitucionales que protegen las libertades individuales), los dos modelos terminan con el tiempo confluyendo en ...el estado de excepción moderno es una creación de la tradición democrático-revolucionaria, y no de la tradición absolutista.un único fenómeno jurídico, que llamamos estado de excepción. La expresión "plenos poderes" (pleins pouvoirs), con la cual se caracteriza a veces al estado de excepción, se refiere a la expansión de los poderes gubernamentales y, en particular, al hecho de que se le confiere al poder ejecutivo el poder de emanar decretos que tienen fuerza-de-ley. Esto deriva de la noción de plenitud o potestatis, elaborada en aquel verdadero y propio laboratorio de la terminología del derecho público moderno. que ha sido el derecho canónico. El presupuesto aquí es que el estado de excepción implica un retorno a un estado original pre romático en el cual la distinción entre los diversos poderes (legislativo, ejecutivo, etcétera) no se ha producido todavía. Como veremos, el estado de excepción constituye antes bien un estado kenomático, un vacío de derecho; y la idea de una indistinción y plenitud originaria del poder debe ser considerada como un mitologema jurídico, análogo a la idea de un estado de naturaleza (y no es casual que haya sido precisamente Schmitt quien recurrió a este mitologema). En todo caso, el término "plenos poderes" define una de las posibles modalidades de acción del poder ejecutivo durante el estado de excepción, pero no coincide con él.

1.5

E ntre los años 1934 y 1948, frente al colapso de las democracias europeas, la teoría del estado de excepción -que había hecho una primera, aislada aparición en el año 1921 con el libro de Schmitt. La dictadura- alcanzó un momento de particular fortuna; pero es significativo que esto haya sucedido bajo la forma pseudo mórfica de un debate sobre la llamada "dictadura constitucional". El término -que aparece ya en los juristas alemanes para indicar los poderes excepcionales del presidente del Reich, según el artículo 48 de la Constitución de Weimar (Reichsverfassung-smiiligeDiktatur, Preuss)- fue retornado y desarrollado por Fredrick M. Watkins (The Problem of Constitutional Dictatorship, "Public Policy", 1940), por Carl J. Friedrich (Constitutional Government and Democracy, 1941), [7] y finalmente por Clinton L. Rossiter (Constitutional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies, 1948).

….el problema, de la evolución de los regímenes parlamentarios modernos, es que la extensión de los poderes del ejecutivo en ámbito legislativo a través de la emanación de decretos y disposiciones. Anteriores a éstos, cabe al menos mencionar el libro del jurista sueco Herbert Tingsten: Les Pleins pouvoirs. L' expansion t/espouvoirs gouvernamentaux pendant et apresla Grande Guerre (1934).[13a] Estos libros, harto diversos entre sí y, en conjunto, más dependientes de la teoría schmittiana de cuanto pueda parecer en una primera lectura, son al mismo tiempo importantes porque registran por primera vez la transformación de los regímenes democráticos como consecuencia de la progresiva expansión de los poderes del ejecutivo durante las dos guerras mundiales y, más en general, del estado de excepción que las había acompañado y seguido. Ellos son, de alguna manera, los mensajeros que anuncian aquello que tenemos hoy con claridad ante nuestros ojos -y, por tanto, que, desde el momento en que "el estado de excepción [...] ha devenido la regla" (Benjamin, 1942, p. 697), [3] no sólo se presenta cada vez más como una técnica de gobierno y no como una medida excepcional, sino que inclusive deja también salir a la luz su naturaleza de paradigma constitutivo del orden jurídico. El análisis de Tingsten se concentra en el problema técnico esencial, que signa profundamente la evolución de los regímenes parlamentarios modernos: la extensión de los poderes del ejecutivo en ámbito legislativo a través de la emanación de decretos y disposiciones, como consecuencia de la delegación contenida en las leyes denominadas de "plenos poderes". "Entendemos por leyes de plenos poderes a aquellas leyes a través de las cuales se le otorga al ejecutivo un poder de reglamentación excepcionalmente amplio, en particular el poder de modificar y de derogar con decretos las leyes vigentes" (Tingsten, 1934, p. 13).[13] Puesto que leyes de esta naturaleza, que deberían ser emanadas para hacer frente a circunstancias excepcionales desde necesidad y de urgencia, contradicen la jerarquía entre leyes y reglamentaciones que está en la base de las constituciones democráticas y delegan al gobierno un poder legislativo que debería ser competencia exclusiva del parlamento, Tingsten se propone examinar en una serie de países (Francia, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Austria y Alemania) la situación que resulta de la sistemática expansión de los poderes gubernamentales durante la Primera Guerra Mundial, cuando en muchos de los Estados beligerantes (o inclusive neutrales, como Suiza) fue declarado el estado de sitio o se emanaron leyes de plenos poderes.
El libro no va más allá del registro de una amplia casuística; no obstante, en la conclusión, el autor parece darse cuenta de que, si bien un uso temporal y controlado de los plenos poderes teóricamente compatible con las constituciones democráticas, "un ejercicio sistemático y regular de la institución conduce necesariamente a la liquidación de la democracia" (ibíd., p. 333).
Plaza de Arras 1919 después de una batalla en el Frente OccidentalDe hecho, la progresiva erosión de los poderes legislativos del parlamento, que se limita hoy a menudo a ratificar disposiciones emanadas del ejecutivo con decretos que tienen fuerza-de-ley, ha devenido desde entonces una praxis común. Los años de la Primera Guerra Mundial y subsiguientes aparecen desde esta perspectiva como el laboratorio en el cual han sido experimentados y puestos a punto los mecanismos y dispositivos funcionales del estado de excepción como paradigma de gobierno. Uno de los caracteres esenciales del estado de excepción -la provisoria abolición de la distinción entre poder legislativo, ejecutivo y judicial- muestra aquí su tendencia a transformarse en duradera praxis de gobierno. El libro de Friedrich utiliza mucho más de lo que da a entender la teoría schmittiana de la dictadura, que en cambio el autor liquida en una nota como "un tratado de parte" (Friedrich, 1941, p. 812). [7a]

Ningun sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia y menos el sacrificio temporal de la propia democraciaLa distinción schmittiana entre dictadura comisarial y dictadura soberana se representa aquí como oposición entre dictadura constitucional, que se propone salvaguardar el orden constitucional, y dictadura inconstitucional, que conduce a derribarlo. La imposibilidad de definir y neutralizar las fuerzas que determinan la transición de la primera a la segunda forma de dictadura (cabalmente, aquello que había sucedido por ejemplo en Alemania) es la aporía fundamental del libro de Friedrich, como en general de toda la teoría de la dictadura constitucional. Ella permanece prisionera en el círculo vicioso por el cual las medidas excepcionales que se intenta justificar para la defensa de la constitución democrática son las mismas que conducen a su ruina: "No existe ninguna salvaguarda institucional capaz de garantizar que los poderes de emergencia sean efectivamente usados con el objeto de salvar la constitución. Sólo la determinación del propio pueblo a verificar que esos poderes sean utilizados para este objetivo puede asegurar que esto se cumpla [...]. Las disposiciones casi dictatoriales de los sistemas constitucionales modernos, sean éstas la ley marcial, el estado de sitio o los poderes de emergencia constitucional, no pueden realizar controles efectivos sobre la concentración de los poderes. En consecuencia, todas estas instituciones corren el riesgo de ser transformadas en sistemas totalitarios, si se presentan condiciones favorables" (ibíd., pp. 828).


Walter Benjamin

Es decir, desde el siglo XIX. Es en el libro de Rossiter que estas aporías explotan en abiertas contradicciones. A diferencia de Tingsten y de Friedrich, él se propone explícitamente justificar, a través de un amplio examen histórico, la dictadura constitucional. La hipótesis aquí es que, desde el momento en que el régimen democrático, con su complejo equilibrio de poderes, es concebido para funcionar en circunstancias normales, "en tiempos de crisis, el gobierno constitucional debe ser alterado en la medida en que sea necesario para neutralizar el peligro y restaurar la situación normal. Esta alteración implica inevitablemente un gobierno más fuerte: es decir, el gobierno tendrá más poder y los ciudadanos menos derechos" (Rossiter, 1948, p. 5).[7b] Rossiter es consciente de que la dictadura constitucional (esto es, el estado de excepción) ha devenido, de hecho, un paradigma de gobierno (a well established principIe Of constitutional government [ibíd. p. 4]). Y que, en tanto tal, está llena de peligros: aún así, lo que el autor intenta demostrar, precisamente, su necesidad inmanente. Pero en este intento se ve envuelto en contradicciones insalvables. El dispositivo schmittiano (que él juzga trail-blazing, if some what occasional, y que se propone corregir [ibíd., p. 14]), en el cual la distinción entre dictadura comisarial y dictadura soberana no es una diferencia de naturaleza, sino de grado, y en el cual la figura decisiva es indudablemente la segunda, no se deja, de hecho, neutralizar así como así.
En la era atómica es probable que el uso de los poderes de emergencia constitucional se vuelvan la regla y no la excepción.Una impresión tal sería ciertamente equívoca [...]. Los instrumentos de gobierno aquí descritos como dispositivos temporarios de crisis han devenido en algunos países, y pueden devenir en todo: instituciones durables y permanentes inclusive en tiempos de paz" (ibíd. p. 313). Esta previsión -que se realiza ocho años después de que fuera formulada por primera vez por Walter Benjamin en su octava tesis sobre el concepto de historia- era indudablemente exacta; mucho más grotescas, en cambio, suenan las palabras con que concluye el libro: "Ningún sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia, y menos el sacrificio temporal de la propia democracia" (ibíd. p. 314). Si bien Rossiter provee once buenos criterios para distinguir entre la dictadura constitucional y la inconstitucional, ninguno de esos criterios está en condiciones de definir una diferencia sustancial ni de excluir el pasaje de una forma de dictadura a la otra. El hecho es que los dos criterios esenciales de absoluta necesidad y de provisoriedad temporal, a los cuales todos los otros en última instancia se reducen, contradicen lo que Rossiter sabe perfectamente, y es que el estado de excepción ya ha devenido la regla: "En la era atómica, en la cual el mundo ha entrado, es probable que el uso de los poderes de emergencia constitucional se vuelvan la regla y no la excepción" (ibíd. p. 297); o incluso más claramente al final del libro: "Al describir los gobiernos de emergencia en las democracias occidentales, este libro pudo haber dado la impresión de que las técnicas de gobierno tales como la dictadura del ejecutivo, la delegación de los poderes legislativos y la legislación a través de decretos administrativos son por naturaleza puramente transitorias y temporarias.

1.6

U

n examen de la situación del estado de excepción en las tradiciones jurídicas de los Estados occidentales muestra una división -neta en un principio, pero de hecho bastante más diluida- entre ordenamientos que regulan el estado de excepción en el texto de la constitución o a través de una ley ,y (junto a 40.000 ciudadanos japoneses que allí vivían y trabajaban). Es en la perspectiva de esta reivindicación de los poderes soberanos del presidente en una situación de emergencia como debemos considerar la decisión del presidente George Bush de referirse constantemente a sí mismo, después del 11 de septiembre de 2001, como el Commander in chief of the army. Si, como hemos visto, la asunción de este título implica una referencia inmediata al estado de excepción, Bush está buscando producir una situación en la cual la emergencia devenga la regla y la distinción misma entre paz y guerra (y entre guerra externa y guerra civil mundial) resulte imposible.

1.7

A

la diversidad de las tradiciones jurídicas corresponde, en la doctrina, la división entre aquellos que buscan incluir el estado de excepción en el ámbito del ordenamiento jurídico y aquellos que lo consideran externo a éste, es decir, como un fenómeno esencialmente político o, en todo caso, extrajurídico. Entre los primeros, algunos, como Santi Romano, Hauriou, Mortati, conciben el estado de excepción como parte integrante del derecho positivo, porque la necesidad que lo funda actúa como fuente autónoma del derecho; otros, como Hoerni, Ranelletti, Rossiter, lo entienden como un derecho subjetivo (natural o constitucional) del Estado a la propia conservación. Los segundosEstatua de la Libertad en Francia -Biscaretti, Balladore-Pallieri, [2] Carré de Malberg- consideran en cambio el estado de excepción y la necesidad que lo funda como elementos de hecho sustancialmente extrajurídicos, aun si pueden, eventualmente, tener consecuencias en el ámbito del derecho. Julius Hatschek ha resumido las diversas posiciones en la contraposición entre una objektive Notstandstheorie, según la cual cada acto realizado en estado de necesidad por fuera o en contraste con la leyes contrario al derecho y, como tal, jurídicamente imputable, y una subjektive. Notstandstheorie, según la cual el poder excepcional se funda "sobre un derecho constitucional o preconstitucional (natural)" del Estado (Hatschek, 1923, pp. 158Yss.), respecto del cual la buena fe es suficiente para garantizar la inmunidad. La simple oposición topográfica (dentro/ fuera) implícita en esta teorías parece insuficiente para dar razón al fenómeno que...la comprensión del estado de excepción presupone una corecta determinación de su localización. debería explicarse lo propio del estado de excepciones una suspensión (total o parcial)del ordenamiento jurídico, ¿cómo puede tal suspensión estar comprendida en el orden legal?¿Cómo puede una anomia estar inscripta en el orden jurídico? Y si el estado de excepción es en cambio, solamente una situación de facto ,y como tal extraña o contraria a la ley,¿cómo es posible que el ordenamiento contenga una laguna precisamente en lo que concierne a la situación decisiva?¿Y cuál es el sentido de esta laguna? En verdad, el estado de excepción no es ni externo ni interno al ordenamiento jurídico, y el problema de su definición concierne precisamente a un umbral, o a una zona de indiferencia en el cual dentro y fuera no se excluyen sino que se indeterminan. La suspensión de la norma no significa su abolición, y la zona de anomia que ella instaura no está (o al menos pretende no estar) totalmente escindida del orden jurídico. De aquí el interés de aquellas teorías que, como la de Schmitt, complican la oposición topográfica en una más compleja relación topológica, en donde está en cuestión el límite mismo del ordenamiento jurídico. En todo caso, la comprensión del problema del estado de excepción presupone una correcta determinación de su localización. Como veremos, el conflicto sobre el estado de excepción se presenta esencialmente como una disputa sobre el locus que le compete.

1.8

U

na opinión recurrente ubica en el fundamento del estado de excepción el concepto de necesidad. Un adagio latino tenazmente repetido -está todavía por escribirse una historia de la función estratégica de los adagios en la literatura jurídica-,necessitas legem non habet, "la necesidad no tiene ley", suele ser entendido en sus dos sentidos opuestos: "la necesidad no reconoce ley alguna" y "la necesidad crea su propia ley" (nécessité fait loi). En ambos casos, la teoría del estado de excepción se disuelve integralmente en la teoría del status necessitatis, de modo que el juicio sobre la subsistencia de éste agota el problema de la legitimidad de aquél. Un estudio acerca de la estructura y del significado del estado de excepción presupone, de hecho, un análisis del concepto jurídico de necesidad. El principio según el cual necessitas legem non habet ha encontrado su formulación en el Decretum de Graciano, donde aparece dos veces: una primera vez en la glosa, y una segunda en el texto. La glosa (que se refiere a un pasaje en el cual Graciano se limita genéricamente a afirmar que "muchas cosas por necesidad o por cualquier otra causa son cumplidas contra la regla",pars L disto 48) parece atribuir a la necesidad el poder de volver lícito lo ilícito (sipropter necessitat emaliquid fit, illud licitefit: quia quod non estlicitum in lege,necessitasfacit licitum. Item necessitaslegem non habet). Pero en qué sentido debe entenderse esto que se comprende mejor en el siguiente texto de Graciano (parsIl1, disto1, cap.11), referido a la celebración de la misa. Después de precisar que el sacrificio debe ser ofrecido sobre un altar o sobre un lugar sagrado, añade: "Es preferible no cantar ni escuchar la misa a celebrarla en los lugares donde no debe celebrársela; a menos que esto sea así por una necesidad suprema, porque la necesidad no tiene ley" (nisi pro summa necessitate contingat, quoniam Gracianonecessitaslegem non habet). Más que volver lícito lo ilícito, la necesidad actúa aquí como justificación de una transgresión en un caso singular y específico a través de una excepción. Esto es evidente en el modo en el cual Santo Tomás despliega y complementa este principio en la Summa theologica, precisamente en relación al poder del príncipe de dispensar la ley: (Prima secun, q. 96, arto 6: utrum ei qui subditur legi, liceat praeter verba legis agere): "Si la observancia de la ley según las palabras no implica un peligro inmediato, al cual sea necesario poner rápido remedio, no está en el poder de un hombre cualquiera interpretar qué cosa es útil o nociva para la ciudad; esto es competencia exclusiva del príncipe, que en un caso así tiene la autoridad de dispensar la ley. Si se trata, sin embargo, de un peligro imprevisto, con respecto al cual no existe tiempo de recurrir a un superior, la misma necesidad lleva consigo una dispensa, en tanto la necesidad no se somete a la ley [ipsanecessitas dispensationem habet annexam, quia necessitasnon subditur legz"). La teoría de la necesidad no es otra cosa que una teoría de la excepción (dispensatio), en virtud de la cual un caso singular es sustraído a la obligación de observar la ley. La necesidad no es fuente de ley ni tampoco suspende, en sentido propio, la ley; se limita a sustraer un caso singular a la aplicación literal de la norma: "Aquel que en el caso de necesidad actúa más allá del texto de la ley, no emite juicio desde la ley, sino desde el caso singular en el cual ve que las palabras de la ley no deben ser observadas [non iudicat de ipsa lege, sed iudicat de casu singulri, in quo videt verba legis observanda non esse]". El fundamento último de la excepción no es aquí la necesidad, sino el principio según el cual "toda ley está ordenada para la salvación común de los hombres, y sólo por esto tiene fuerza y razón de ley [vim et rationem legis]; si no sirve a este fin, no tiene eficacia obligatoria [virtutem obligandi non habet]".

En el caso dela idea de que una suspensión del derecho pueda ser necesaria al bien común es estraña al mundo medieval. necesidad, la vis obligandi de la ley decae, porque el fin de la salus hominum resulta faltar. Es evidente que no se trata aquí de un status, y de una situación del orden jurídico en tanto tal (el estado de excepción o de necesidad), sino siempre de un caso único, en el cual visy ratio de la ley no encuentran aplicación. Un caso de desaplicación de la ley ex dispensatione misericordia se encuentra en Graciano en un pasaje singular en el cual se afirma que la Iglesia puede omitir la sanción de una transgresión en caso de que el hecho transgresivo haya ya ocurrido (pro eventu rei: por ejemplo, en el caso de que una persona que no podía acceder al episcopado haya sido ya de hecho consagrada obispo). Aquí, paradójicamente, la ley no se aplica porque el Acto transgresor ha sido en efecto ya cumplido y su sanción implicaría consecuencias negativas para la Iglesia. Analizando este texto, Anton Schütz ha observado con razón que "en conditionnant la validité par la facticité, en cherchant le contact avec un réel extrajuridique, il [Gratien] empeche le droit de ne se référerqu'au droit, et prévient ainsi la clóture du systeme juridique" (Schütz, 1995, p. 120).[10] La excepción medieval representa en este sentido una apertura del sistema jurídico a un hecho externo, una suerte de ftctio legissegún la cual, ante el caso específico, se hace como si la elección del obispo hubiese sido legítima. El estado de excepción moderno es, en cambio, un intento de incluir la propia excepción en el orden jurídico, creando una zona de indistinción en la cual coinciden hecho y derecho. No una Dante Alighiericrítica implícita al estado deonarchia, de Dante. Intentando prob excepción se encuentra en De Mar que Roma obtiene el dominio sobre el mundo no a través de la violencia, sino duradera, Dante afirma de hecho que es imposible obtener el fin del derecho (esto es, el bien común) sin el derecho y que, por lo tanto, "todo aquel que se propone alcanzar el fin del derecho, debe proceder con el derecho [quicunque finem iuris intendit cum iure graditur" (11,5, 22). La idea de que una suspensión del derecho pueda ser necesaria al bien común es extraña al mundo medieval.

1.9

E

s reciente, con los modernos que el estado de necesidad tiende a ser incluido en el orden jurídico y a presentarse como un verdadero y propio "estado" de la ley. El principio según el cual la necesidad define una situación singular en la que la ley pierde su vis obligandi (éste es el sentido del adagio necessitas legem non habet) se revierte en aquél según el cual la necesidad constituye, por así decir, el fundamento último y la surgente misma de la ley. Esto es verdadero no sólo para aquellos autores que se proponían justificar de este modo los intereses nacionales de un Estado contra otro (como en la fórmula Non kennt kein Gebot usada por el canciller prusiano Bethmann-Hollweg y retornada en el libro homónimo de JosefKohler [1915]), sino también por aquellos juristas, desde Jellinek hasta Duguit, que ven en laSanti Romano necesidad el fundamento de la validez de los decretos con fuerza de ley emanados por el ejecutivo en el estado de excepción. Es interesante analizar desde esta perspectiva la posición extrema de Santi Romano, un jurista que ha ejercido una notable influencia sobre el pensamiento jurídico europeo de entreguerras, y que concibe la necesidad no solamente como no extraña al ordenamiento jurídico, sino como fuente primera y originaria de la ley. Romano comienza distinguiendo entre aquellos que ven en la necesidad un hecho jurídico o, inclusive, un derecho subjetivo del Estado que, como tal, se funda en último análisis en la legislación vigente y en los principios generales del derecho, y aquellos que piensan que es un mero hecho y que, por lo tanto, los poderes excepcionales que sobre ella se fundan no tienen base alguna en el sistema legislativo. Ambas posiciones, que coinciden en identificar el derecho con la ley, están, según Romano, erradas en la medida en que desconocen la existencia de una verdadera y propia fuente del derecho más allá de la legislación. "La necesidad de la cual nos ocupamos debe ...los poderes excepcionales que sobre ella se fundan no tienen base alguna en el sistema legislativo.concebirse como una condición de cosas que, al menos en regla y de un modo completo y prácticamente eficaz, no puede ser disciplinada por normas precedentemente establecidas. Pero si ella no tiene ley, hace la ley, como dice otra expresión usual; lo cual significa que constituye por sí misma una verdadera y propia fuente de derecho [...]. La necesidad se puede decir que es la fuente primera y originaria de todo el derecho, de modo que, respecto las otras deben considerarse en cierto modo derivadas Y en la necesidad debe rastrearse el origen y la legitimación de la institución jurídica por excelencia, es decir el Estado, y en general de su ordenamiento constitucional, cuando éste es instaurado como un procedimiento de facto, por ejemplo por la vía de una revolución. Y aquello que se verifica en el momento inicial de un determinado régimen puede incluso repetirse, si bien de modo excepcional y con características más atenuadas, aunque éste haya ya formado y regulado sus instituciones fundamentales" (Romano, 1909; ed. 1990, p. 362).[12] El estado de excepción, en cuanto figura de la necesidad,..la revolución es violencia, pero violencia juridicamente organizada. se presenta así -junto con la revolución y la instauración de facto de un ordenamiento constitucional- como una disposición "ilegal" pero perfectamente "jurídica y constitucional", que se concreta en la producción de nuevas normas (o de un nuevo orden jurídico): "La fórmula según la cual el estado de sitio sería, en el derecho italiano, una disposición contraria a la ley, digamos bien ilegal, pero al mismo tiempo conforme al derecho positivo no escrito, y por eso jurídica y constitucional, parecería ser la fórmula más exacta y conveniente. Que la necesidad pueda vencer la ley deriva de su propia naturaleza, y de su carácter originario, ya sea desde el punto de vista lógico como histórico. Ciertamente la ley ha devenido ya la manifestación más culminante y general de la norma jurídica, pero se exagera cuando se quiere extender su dominio más allá del campo que le es propio. Hay normas que no pueden escribirse o no es oportuno que sean escritas; hay otras que no pueden determinarse sino cuando se verifica la eventualidad en la cual deben servir" (ibíd. p. 364). El gesto de Antígona [A], que oponía al derecho escrito los ágrapha nómina, es aquí Antígona y su padre Edipo, abandonan la ciudad de Tebas invertido y se lo hace valer en defensa del orden constituido. Pero en el año 1944, cuando en su país estaba ya en curso una guerra civil, el viejo jurista (que antes se había ocupado de la instauración de facto de ordenamientos constitucionales) vuelve a pensar el problema de la necesidad, que esta en relación con la revolución. Si la revolución es ciertamente un estado de facto, que "no puede ser regulado en su procedimiento por aquellos poderes estatales que ella tiende a subvertir y a destruir", y es, en este sentido, por definición, "antijurídico, inclusive cuando es justo" (Romano, 1983, p. 222), ella puede sin embargo aparecer como tal sólo "en relación al derecho positivo del Estado contra el cual se alza, pero esto no quita que, desde el punto de vista bien diferente desde el cual ella se califica a sí misma, es un movimiento ordenado y regulado por su propio derecho. Lo que también quiere decir que es un ordenamiento que debe clasificarse en la categoría de los ordenamientos jurídicos originarios, en el sentido ya mencionado que se atribuye a esta expresión. En tal sentido, y limitadamente a la esfera que se ha indicado, se puede por lo tanto hablar de un derecho a la revolución. Un examen de los desarrollos que han tenido las revoluciones más importantes, comprendidas las recientes y recientísimas, sería de gran interés para la demostración de la tesis que hemos propuesto y que a primera vista podría parecer paradójica: "la revolución es violencia, pero violencia jurídicamente organizada"(ibíd. p. 224). El status necessitatis se presenta así, tanto en la forma del estado de excepción como en la de la revolución, como una cuestión ambigua e incierta en la cual los procedimientos de facto, en sí mismos extra o antijurídicos, pasan a ser derecho, y las normas jurídicas se indeterminan en mero facto; un umbral, por lo tanto, en el cual hecho y derecho se vuelven in decidibles Si se ha dicho con eficacia que, en el estado de excepción, el hecho se convierte en derecho ("la urgencia es un estado de facto, pero aquí se presenta la cuestión: ejacto oritur ius' [Arangio- Ruis, 1913; ed. 1972, p. 582]), [1] también es verdad lo contrario, y por lo tanto, que actúa en él un movimiento inverso, por el que el derecho es en hecho lo esencial es, en todo caso, la producción de un umbral de ausencia de decisión en el cual justifican y se confunden el uno con el otro. De aquí las aporías por las cuales cualquier intento de definir la necesidad no termina de alcanzar su objetivo. Si la disposición de necesidad es ya norma jurídica y no simple hecho, ¿por qué debe ser ratificada y aprobada a través de la ley, como Santi Romano (y la mayoría de los autores con él) considera indispensable? Si es ya derecho, ¿por qué caduca si no es aprobada por los órganos legislativos? Y si en cambio no es tal, sino simple hecho, ¿cómo puede ser que los efectos jurídicos de la ratificación corran no desde el momento de la conversión en ley sino ex tunc (Duguit hace notar con 'razón que la retroactividad es una ficción y que la ratificación puede producir sus efectos sólo desde el momento en que adviene [Duguit, 1930, p. 754])? [5] Pero la aporía extrema, donde naufraga en última instancia toda la teoría del estado de necesidad, concierne a la naturaleza misma de la necesidad, que los autores continúan pensando más o menos inconscientemente como una situación objetiva. Contra esta concesión ingenua, que presupone una pura factualidad que ella misma ha puesto en cuestión, cabe revertir las críticas de aquellos juristas que muestran cómo la necesidad, lejos de presentarse como un juicio subjetivo; y que obviamente sólo son necesarias y excepcionales aquellas circunstancias que son declaradas como tales. "El de necesidad es un concepto totalmente subjetivo, relativo al objetivo que se quiere alcanzar. Podrá decirse que la necesidad dicta la emanación de una detenida norma, porque de otro modo el orden jurídico existente se ve amenazado; pero para decir esto es preciso acordar en que el orden existente debe ser conservado. Podrá de un modo revolucionario proclamarse la necesidad de una norma nueva que anule instituciones vigentes contrarias a las nuevas exigencias; pero es preciso estar de acuerdo en que el orden vigente va a ser perturbado en vistas a nuevas exigencias. En un caso y en el otro [...] el recurso a la necesidad implica una valoración moral o política (o, como sea, extrajurídica) por la cual se juzga el orden jurídico y se lo considera digno de conservación o de posicionamiento aun al precio de su eventual violación. El principio de la necesidad es, por lo tanto, siempre, en todos los casos, un principio revolucionario" (Balladore-Pallieri, 1970, p. 168). [2a] El intento de resolver el estado de excepción en el estado de necesidad se encuentra de este modo con tantas y aun más graves aporías que las que presentaba el fenómeno que habría debido explicar. No sólo la necesidad se reduce en última instancia a una decisión, sino que aquello sobre lo cual ella decide es, en verdad, un indecisión de hecho y de derecho. Con toda probabilidad, Schmitt, que se refiere otras veces a Santi Romano en sus propios escritos, conocía su intento de fundar el estado de excepción en la necesidad como fuente originaria del derecho. Su teoría de la soberanía como decisión sobre la excepción otorga al Notstand un rango verdaderamente fundamental, sin duda comparable con aquel que le otorgaba Romano, que hacía de ella la figura originaria del orden jurídico. Schmitt comparte también con Romano la idea de que el derecho no se agota en ley (no es casual que cite a Romano precisamente en el contexto de su crítica al Rechtsstaat liberal); pero mientras tanto el jurista italiano identifica residuos Estado y derechoPalacio de Justicia 3D y niega, por ende, toda relevancia jurídica al concepto de poder constituyente, Schmitt ve en el estado de excepción precisamente el movimiento por el cual Estado y derecho muestran su irreductible diferencia (en el estado de excepción, "el Estado continúa existiendo, mientras que el derecho pasa a un segundo término", Schmitt, 1922, p. 39 [trad. casto p. 27]). [10a] Y puede así fundar en el pouvoir constituant la figura extrema del estado de excepción: la dictadura soberana.

1.10

S egún algunos autores, en el estado de necesidad "el juez elabora un derecho positivo de crisis así como en tiempos normales, colma las lagunas del derecho" (Mathiot, 1956, p. 424). De este modo, el problema del estado de excepción es puesto en relación con un problema de particular interés en la teoría jurídica, el de las lagunas en el derecho. Al menos a partir del artículo 4 del Código Napoleónico ("El juez que rechace juzgar ,bajo pretexto de silencio oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido en tanto culpable de negación de justicia"), en la mayor parte de los sistemas jurídicos modernos el juez tiene la obligación de pronunciar el juicio incluso en presencia de una laguna de la ley. En analogía con el principio según el cual la ley puede tener lagunas, pero el derecho no las admite, el estado de necesidad es así interpretado como una laguna del derecho público a la cual el poder ejecutivo tiene la obligación de poner remedio. Un principio que corresponde al poder judicial es extendido de este modo al poder ejecutivo. ¿Pero en qué consiste, mirándolo bien, la laguna que está en cuestión aquí? ¿Existe realmente algo así como una laguna en sentido propio? La laguna no concierne aquí a una carencia en el texto legislativo, que debe ser completada por el juez; concierne sobre todo a una suspensión del ordenamiento vigente para garantizar su existencia. Lejos de responder a una laguna normativa, el estado de excepción se presenta como la apertura en el ordenamiento de una laguna ficticia con el objetivo de salvaguardar la existencia de la norma y su aplicabilidad a la situación normal. La laguna no es interna a la ley, sino que tiene que ver con su relación con la realidad, la posibilidad misma de su aplicación. Es como si el derecho contuviese una fractura esencial que se sitúa entre la posición de la norma y su aplicación y que, en el caso extremo, puede ser colmada solamente a través del estado de excepción, esto es, creando una zona en la cual la aplicación es suspendida, pero la ley permanece, como tal, en vigor. Estrella
* Fuente: Texto de la versión electrónica en: http://www.scribd.com.

notas al pie de pÁgina

[1] Arangio-Ruiz, G.
1972 Istituzioni di diritto costituzionale italiano, Bocea,
Milano (Ia ed. 1913).


[2] [2a] Bailadore-Pallieri, G.
1970 Diritto costituzionale, Giuffré, Milano.

[3] Benjamin, W.
1921 Zür Kritik der Gewalt, en Gesarnmelte Schriften,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972-1989, vol. 2.1.
Trad. cast. Para una critica de la violencia y otros
ensayos (de Roberto Blatt, selección e introducción
de Eduardo Subirats), Taurus, Madrid, 1991.
1928 * Ursprungdes deutseben Trauerspiel, ibíd., vol. 1.1
(y vol. 1.3). Trad. cast. El origen del drama barroco
alemán (versión de José Muñoz Millanes), Taurus,
Madrid, 1990.
1931 Karl Kraus, ibíd., vol, 2.1.
1934 Franz Kafka, ibíd., vol. 2.2.
1942 * Uber den Begriffder Geschichte, ibíd., vol. 1. 2.

[4] De Martino, F.
1973 Storia della costituzione romana, Jovene, Napoli.

[5] Duguit, L.
1930 Traite de Droit constitutionnel, vol. 3, de Boccard,
Paris.

[6] Fontana, A.
1999 "Du droit de résistance au devoir d'insurrection", en J.-
C. Zancarini (comp.), Le Droit de résistance, ENS,
Paris.

[7] [7a] Friedrich, C. J.
1941 Constitutional Government and Democracy, Ginn,
Boston 1950 (2a ed. rev.; trad. it. Governo
costituzionale edemocrazia,
Neri Pozza, Vicenza s.d.)..

[7b] Rossiter, C. L.
1948 Constitutional Dictatorship. Crisis Government in
the Modern Democracies
, Harcourt Brace, New York

[8] Saint-Bonnet, F.
2001 L'État d'exception, PUF, Paris.

[9] Schnur, R.
1983 Revolution undWeltbürgerkrieg, Duncker &
Humblot, Berlín (trad. it. Rivoluzione eguerra
civile, Giuffré, Milano, 1986)..

[10] Schütz, A.
1995 "L'immaculée conception de l'interpréte et l'emergence
du systéme juridique: á propos de fiction et construction
en droit
", en Droits, 21.

[10a] Schmitt, C.
1922 * PolitischeTheologie, München. Trad. cast. Cari
Schmitt, teólogo de la política (edición de Héctor
Orestes Aguilar), Fondo de Cultura Económica,
México, 2001..

[11] Reinach, T.
1885 De l'etat de siege. Etude historique etjuridique,
Pichón
, Paris

[12] Romano, S.
1909 "Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione
dei terremoti di Messina e Reggio Calabria", en
Rivista di diritto pubblico (también en Scritti
minori, vol. 1, Giuffré, Milano 1990).
1983 Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffré,
Milano (reed. inalterada). Trad. cast. Fragmentos de
un diccionario jurídico
(de Santiago Sentís Melendo
y Marino Ayerra Redín), Ediciones Jurídicas Europa-
América, Buenos Aires,
1964.

[13] [13a] Tingsten, H.
1934 Les Pleinspouvoirs. L'expansion de pouvoirs
governamentauxpendant et aprés la Grande
Guerr
e, Stock, Paris.

[14] Drobisch, K. y Wieland, G.
1993 System der NS-Konzentrationslager 1933-1939,
Akademie, Berlín.


NOTAS DEL EDITOR

Editor[A]

En la mitología Griega, Etéocles y Polinices, hijos de Edipo acuerdan gobernar Tebas de un modo alternativo. En común acuerdo deciden alternarse el poder. Etéocles traiciona a Polinices al negarle gobernar la ciudad. Polinices se levanta en armas y ambos hermanos mueren en batalla. Creonte se hace cargo del gobierno de Tebas y ordena enterrar con honores a Etéocles y prohibe sepultar a Polinices a quien declara traidor.
Antígona esperace polvo ritual sobre el cádaver de su hermano Polinices; lo que implica un entierro simbólico. Creonte descubre el acto de Antígona y la emplaza altivamente diciéndole que la ley de un rey no puede derrogar las leyes de los dioses. Creonte decide encerrar a Antígona y antes de ser salvada a instancia de un grupo de ancianos, ella aparece muerta. La tragedía termina con las lamentaciones ya tardías del tirano Creonte.
En en esta tragedía se advierte la contradicción entre el derecho natural y el derecho positivo. Cómo afirma Guadalupe de la Torre: “Así, Antígona es la primera y gran obra sobre la libertad, el amor fraternal y el derecho natural frente a los despotismos. En un lenguaje más moderno, se diría que es la reafirmación de los derechos humanos, es decir, de la cultura occidental misma”. [A1] .
En ciertos pasajes de la tragedia se nota con claridad el eterno debate entre el derecho natural y el derecho positivo. Por ejemplo, observemos el siguiente diálogo de la escena 1 del episodio segundo:
Dice Creonte: "Y, a pesar de todo, ¿te atreviste a desobedecer la ley"
Ante ello contesta Antígona: "¿Cómo que no era Zeus quien la había promulgado?; ni tampoco era Diké -la compañera de los dioses infernales- la que impusó a los hombres leyes semejantes; no creí yo que tus decretos tuvieran fuerza para borrar e invalidar las leyes divinas, de manera que un mortal pudiese quebrantarlas. Pues no son de hoy ni de ayer, sino que siempre han estado en vigor y nadie sabe cuando aparecieron. No iba yo enfrentar la justicia e los dioses, por catigo de ningún hombre.[A2]
De la Torre interpreta la respuesta de Antígona del siguiente modo:"Vuelve a escena la oposición entre la necesidad de responder a las leyes de los dioses -no escritas- o a las promulgadas por los hombres y enfrentadas a aquellas"[A3]


notas al pie

[A1] De la Torre Guadalupe, “Introducción”, en, Sófocles, Antígona, Editorial Longseller, Clásicos de Bolsillo, Buenos Aires, 2001, pp. 10-11. Citado por Parodí Remón Carlos. El derecho en Antígona. ¿Natural o positivo?. Revista de filosofía, práctica. Universidad de los Andes Mérida Venezuela . Junio 2004.

[A2] Sófocles, Antígona, Editorial Longseller, Clásicos de Bolsillo, Buenos Aires, 2001.

[A3] Ibid, nota al pie 3, p.52.




Ningún sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia y menos el sacrificio temporal de la propia democracia.

- Walter Benjamin

¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.

- Albert Einstein

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa..

- Montesquieu

PARA SEGUIR LEYENDO

AA.VV., La historiografía italiana contemporánea, Buenos Aires, Biblos, 1997.


acerca de la autor

LamparaGiorgio Agamaben. Nacido en Roma, Italia, estudió derecho, doctorándose en filosofía por la Universidad de Roma. Amplió su formación en el campo de la lingüística en París. En su pensamiento son manifiestas las influencias, entre otras, de Benjamin, Heidegger, de quien fue discípulo en distintos seminarios, y Foucault, a cuya concepción de la biopolítica da continudad. Director del Collège International de Philosophie de París (1986-93), donde mantuvo relación con Lyotard y Derrida. Profesor de estética en las universidades italianas de Macerata (1988-93), Verona (1993-2003) y Venecia (2003), y visitante de diversas universidades europeas y norteamericanas. Su creación intelectual estuvo inicialmente centrada en la teoría de la literatura y en la crítica de arte, girando progresivamente hacia la filosofía política, de la que son el más claro exponente los diversos volúmenes de su Homo sacer. Autor, entre otros, de L’uomo senza contenuto (1970), Stance: la parola e il fantasma nella cultura occidentale (1979), La fine del pensiero (1982), La comunità che viene (1992), Homo sacer I. Il potere sovrano e la nuda vita (1995), Mezzi senza fine (1996), Homo sacer III. Quel che resta di Auschwitz (1998), Il tempo che resta (2000), L’aperto.(2002), Homo sacer II. Stato di eccezione (2003), Il giorno del giudizzio (2004), Profanazioni (2004), La potenza del pensiero. Saggi e conferenze (2005). En lengua española: Idea de la prosa, Península, Barcelona, 1989; Estancias, Pre-Textos, Valencia, 1995; La comunidad que viene, Pre-Textos, Valencia, 1996; El hombre sin contenido, Áltera, Barcelona, 1998; El poder soberano y la vida desnuda. Homo sacer I, Pre-Textos, Valencia, 1998; Lo que queda de Auschwitz: El archivo y el testigo. Homo sacer III, Pre-Textos, Valencia, 2000; Medios sin fín, Pre-Textos, Valencia, 2001; El lenguaje y la muerte, Pre-Textos, Valencia, 2003; Estado de excepción. Homo sacer II, Pre-Textos, Valencia, 2004.

Fuente
: Perfiles biográficos y académicos. Marcos epistemológicos y teóricos de la investigación en Comunicación. © B. Díaz Nosty, 2013-2016. Plan Nacional de I+D, CSO2013-47933-C4-3-P | Ministerio de Economía y Competitividad


imagenes

Leo von Klenze - Neue Pinakothek (Gallery), Munich, Public Domain, Link
Manuscrito de las Crónicas de Jean Froissart, siglo XV, (Biblioteca Nacional de Francia), Dominio público, Enlace
Postal de la Asamblea Constituyente de Weimar. Dominio público, Enlace
Departamento de Justicia. Public Domain, Link
Arco del Triunfo 1810. By Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853) - Entrée dans Paris de l’Empereur et l’Impératrice, dessin, Louvre, Public Domain, Link
Batalla de Arras 1919. By Fred Schutz [Public domain], via Wikimedia Commons Link
Estatua de la Libertad. By Albert Fernique (born c. 1841, died 1898) [Public domain], via Wikimedia Commons Link
Graciano. Dominio público, Enlace
Sandro Botticelli. Dante Allegiri. Public. domainvia Wikimedia Commons Enlace
Santi Romano. Di anonimo - Senato del Regno d'Italia Pubblico dominio, Collegamento
Antígona y su padre Edipo abandonan Tebas. De Charles Jalabert Transferred from. Original uploader was Ravenous at en. wikipedia. Dominio público, Enlace
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